En Uruguay la arquitectura moderna se muere. No tiene protección legal ni cuenta con apoyo colectivo. Pero esto no es fruto del azar ni un dictamen del destino. La arquitectura moderna es presa de un basto criterio cultural que prioriza el peso de la historia y sólo tiende a respetar “lo antiguo”. Un prejuicio que enturbia el juicio masivo y define también el dominio patrimonial en el plano normativo. Así, la “ancianidad” se entroniza erróneamente como valor esencial de la arquitectura a ser protegida. Los mejores edificios modernos quedan sin amparo legal y reciben todo tipo de injurias.
¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Desidia?¿Miopía? ¿Ignorancia? ¿Burda impotencia ante el criterio lucrativo? Hay, sin duda, una peligrosa mezcla de todas estas cosas: la presión económica alienta un proceso nutrido por la ignorancia en torno al valor de lo que está en juego. Así, la arquitectura moderna cede el paso ante el augurio del beneficio económico: la ecuación se resuelve con un criterio reductivo que ignora los costos culturales y relega sin más el interés colectivo.
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